El
motivo de la presente es comunicarles la crítica situación por la que
está atravesando el colegio en el que trabajamos desde hace años, el
Instituto Privado 9 de Julio (nivel secundario). Somos una cooperativa
de docentes que funciona desde hace casi 70 años. Hace dos años y medio,
por motivos ajenos a nuestra voluntad, tuvimos que mudar el colegio
desde Palermo al barrio de San Cristóbal, en el que actualmente estamos (Constitución y Urquiza).
Históricamente los docentes venimos cobrando entre el 70 y el 80% de
nuestro sueldo, y resignando todos los aguinaldos, que donamos a la
cooperativa, en pos de mantener al colegio funcionando.
Lamentablemente, este año desde la DGEGP (Dirección General de Escuelas
de Gestión Privada, dependiente del gobierno de la Ciudad) nos han
informado que, de no llegar a una cantidad de alumnos determinada para
fin de año, nos quitarán la subvención de la cual dependemos para cobrar
nuestros sueldos. Ellos nos financian ese 80% de los sueldos que a
veces llegamos a cobrar.
Nos exigen sumar aproximadamente 30 nuevos
alumnos repartidos entre los primeros tres años para el mes diciembre.
Desde hace un tiempo venimos haciendo una intensa labor de propaganda de
acuerdo a nuestras posibilidades, pero la inserción de una escuela en
un nuevo barrio es una tarea que lleva años de afianzamiento, que no
puede realizarse a contrarreloj en un período de pocos meses.
Sumado
a esto, sugestiva y repentinamente, nos llegó hace unos días una
notificación de DGEGP comunicando la inminente clausura del edificio en
el que desarrollamos nuestro trabajo, argumentando falta de respuesta a
la solicitud de adecuación edilicia. Curiosamente, estas adecuaciones
fueron requeridas en una cédula supuestamente entregada el 8 de enero de
2014, momento en el cual toda escuela se encuentra en receso y vacía.
En todo este tiempo transcurrido, no volvió a haber notificaciones al
respecto, y ahora, intempestivamente, y en forma coincidente a la
amenaza de quita de subvención, nos enteramos de esta nueva exigencia.
Nos es inevitable pensar que ambas no estén relacionadas, pues ahora que
fuimos notificados, nosotros expresamos la voluntad de realizar las
modificaciones, pero el ministerio se niega a concedernos una prórroga
del plazo.
Llegado este punto, estamos peleando por mantener las
fuentes de trabajo de 35 compañeros docentes y no docentes, y por la
continuidad de un colegio con historia y con un proyecto educativo
fuertemente inclusivo. Día a día, vemos que alumnos y padres nos escogen
al sentirse contenidos por el proyecto de nuestra institución, que ha
sabido trabajar con estudiantes con trayectorias particulares que
requieren especial atención: situaciones de violencia familiar,
problemas de adicciones, embarazos a temprana edad, alumnos repitentes o
expulsados de otras escuelas por problemas de conducta, estudiantes que
trabajan para colaborar con el sostén de sus familias, etc. Los propios
alumnos han expresado públicamente que aquí han encontrado SU lugar.
Adicionalmente, nuestra escuela se encuentra ahora en una ubicación
geográfica que ha sido históricamente relegada, el sur de la ciudad.
Entendemos que el cierre del colegio acentuaría aún más la falta de
vacantes para una población juvenil que ha sido postergada durante
demasiado tiempo.
Creemos que aumentar la cuota como forma de
afrontar la quita de la subvención sería una decisión equivocada, pues
sería no tener en cuenta las particularidades de las familias que eligen
nuestra institución. Por lo tanto, nos encontramos en la disyuntiva de
mantener dicha subvención o cerrar la escuela.
Por este motivo, nos
dirigimos a ustedes para solicitarles mediación ante las autoridades del
Ministerio de Educación porteño, a fin de poder exponer las cualidades
de nuestra institución ante las autoridades de dicha entidad, para
intentar revertir esta preocupante decisión.
Atentamente,
Trabajadores de la Coop. 9 de Julio
(Instituto 9 de Julio, A-60)
